Investigaciones realizadas por la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) permitieron obtener de un Juez de Control vinculación a proceso en contra de dos hombres y una mujer, presuntos responsables en el delito de privación de la libertad, cometido en agravio de cinco personas residentes de Pátzcuaro, que fueron reportadas como desaparecidas en el municipio de Cuitzeo.
Los datos de prueba recabados en la Carpeta de Investigación señalan que el pasado 10 de julio, Erika Lizeth M., Germán A., Ramón P., Luis Felipe P., y José Mario Z., se encontraban realizando la búsqueda de dinero, que supuestamente estaba enterrado en un domicilio de la localidad de Chupícuaro, en el municipio de Cuitzeo, cuando arribó un hombre, quien, tras hacerles reclamos, realizó diversas llamadas telefónicas.
Posteriormente, llegaron al lugar un grupo de personas, entre ellas Juan Alfredo “N”, Luis Gustavo “N”, y Arantxa de Jesús “N”; quienes, tras amarrar y golpear a las víctimas, las subieron a diversos vehículos y las mantuvieron privadas de su libertad en distintas ubicaciones, hasta que el 14 de julio lograron escapar y fueron localizadas en el municipio de Huandacareo, tras un operativo interinstitucional llevado a cabo por la FGE, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Coordinación Nacional Antisecuestros (CONASE), Guardia Nacional (GN), y Guardia Civil (GC).
Una vez concluido el protocolo concerniente a la localización, la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares dio seguimiento a las investigaciones, mismas que permitieron establecer la posible relación de Juan Alfredo “N”, Luis Gustavo “N”, y Arantxa de Jesús “N” en el delito, por lo que fue solicitada una orden de aprehensión en su contra, la cual fue otorgada y cumplimentada.
Tras llevarse a cabo la audiencia inicial, un Juez de Control resolvió su vinculación a proceso, les impuso como medida cautelar prisión preventiva justificada y estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.
La FGE refrenda su compromiso de mantener acciones para que ningún acto que atente contra la integridad de las personas michoacanas, quede impune.
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