Órganos electorales, mal y de malas este fin de año

Los árbitros electorales reciben muchísimo dinero público para garantizar imparcialidad. Los ciudadanos pagamos su funcionamiento. Pero este fin de año, hay nubarrones tanto a nivel federal como local.

A nivel federal se orquestó un cierre de filas en contra del saliente magistrado presidente Reyes Rodríguez. Perdió confianza de los magistrados y lo señalaron de tener intereses personalísimos a través de la intromisión de despachos afines. La crisis estalló.

En Michoacán, el Instituto Electoral de Michoacán -quien exige más y más recursos-, permitió que uno de sus empleados dictara una “ley mordaza” en contra del periodista Javier Favela.

Recordemos que la diputada del PAN, Liz Hernández, en una clara disputa política, denunció al dirigente perredista Octavio Ocampo por presuntos actos constitutivos de violencia en razón de género. Favela publicó, como es su labor.

Pero, César Alcántar, quien cobra como titular de la Coordinación de lo Contencioso del IEM, resolvió que el periodista no puede volver a escribir periodísticamente sobre la legisladora en cuestión -cuyo esposo forma parte del andamiaje del control político en el PAN-, pero resulta que Alcántar es esposo de una empleada de la diputada.

Al respecto, la abogada del periodista, Mónica Ferreyra consideró penosa la argumentación jurídica esgrimida, en primera instancia al dictar la medida en contra de Favela.

Después, la abogada recordó que, acompañando al periodista, se acudió al Instituto Electoral de Michoacán (IEM) para apersonarse en la audiencia de ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas, en la etapa final del juicio administrativo.

Rememoró la abogada Ferreyra que “en la sede de la Coordinación de lo Contencioso Electoral, con la total ausencia física de Octavio Ocampo y de Liz Hernández; ahí se ofreció pruebas y objetó la defensa escrita de la quejosa”.

Después que el Tribunal Electoral de Michoacán (TEEM) resolvió validando la ya denominada “ley mordaza”, se presentó la impugnación jurídica, lo que implica volver a judicializar la medida cautelar del IEM, acudiendo ahora a la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Para la abogada es preocupante la impericia, la parcialidad “además del conflicto de intereses, deficiencias en la substanciación del procedimiento. Constituye el IEM y el TEEM censura y discriminación”.

Se solicitó que se excuse la presidenta del TEEM, Yurisha Andrade, ya que César fue su empleado cuando ella era visitadora en Derechos Humanos, afirmó.

Advirtió la abogada “la integración del expediente fue un acto unilateral. Hay elementos de desaseo, incluso solicitamos videos, llamadas del celular del oficial de partes. Tenemos más de 10 medios de prueba a favor del periodista; con ello pretendemos acreditar que no solo fue esa nota informativa y que la diputada tuvo su derecho de réplica”.

Concluyó la litigante “estamos ante la espera de la sentencia que dicte el TEEM del procedimiento de VG y del resultado que dicte la sala de Toluca sobre la intención de poner mordaza para escribir sobre el grupo de poder que pretende apoderarse de los procedimientos legales del IEM”.